Funcionarios de justicia tienen que asumir tareas de seguridad

El sindicato CSI-F ha denunciado hoy nuevos recortes en la administración de justicia cántabra que obligan a los funcionarios a asumir responsabilidades propias de los vigilantes de seguridad.
Según sostiene en un comunicado, la Consejería de Presidencia y Justicia ha planteado un plan de reestructuración de los servicios de vigilancia de los edificios judiciales por el cual los funcionarios "se convierten en vigilantes jurados" entre las cuatro y las ocho de la tarde.

En concreto, explica, la Dirección General de Justicia pretende facilitar a cada funcionario una llave y una clave para activar y desactivar las alarmas, así como impartir instrucciones sobre el cierre de puertas y ventanas, haciendo a los funcionarios "responsables de lo que pueda suceder en el edificio".

El sindicato rechaza esta medida porque, a su juicio, vulnera el contenido de las funciones atribuidas a los funcionarios de justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, considera que se trata de una "intromisión" en las funciones atribuidas por ley a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las que desempeñan los vigilantes jurados titulados y contratados por empresas de seguridad registradas.

Asimismo, critica la forma "autoritaria" en la que se ha adoptado esta medida, pues "vulnera el derecho constitucional a la negociación colectiva", ya que la propuesta debería haber pasado por una mesa de negociación al suponer una alteración de la normativa vigente sobre horarios que establece, entre otras cosas, que los funcionarios tienen derecho a completar su horario hasta las 20.00 horas.

CSI-F recuerda que esta medida se suma al "recortazo" de 2010 y las congelaciones salariales que le han seguido, como la suspensión de los incrementos retributivos pactados en 2008, la paralización de las aportaciones al plan de pensiones y la eliminación de las ayudas de acción social.

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