Huelva. El TSJA anula los contratos de 15 vigilantes que iban a ser destinados como policías

No pueden asumir las competencias del cuerpo de seguridad

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la contratación de quince vigilantes del entorno en la localidad onubense de Ayamonte que debían destinarse a policías, al entender que éstos no pueden desempeñar competencias que corresponden al cuerpo de la Policía Local.

Así lo han dado a conocer los representantes sindicales de la CSIF en el Ayuntamiento de Ayamonte, Víctor Manuel Vázquez Díaz y Luís Docarmo Díaz, quienes además denunciaron los incumplimientos de "forma reiterada" de los acuerdos para la creación de plazas de Policía Local por parte de esta corporación municipal gobernada por el PSOE.

Los representantes del sindicato recordaron que la anterior corporación, también socialista, eliminó 16 plazas de Policía Local en 2006 creando en su lugar la figura de los vigilantes del entorno (ahora rebautizados como educadores urbanos).

Una decisión invalidada por el TSJA que, mediante sentencia, declara nula la convocatoria para la contratación de los 16 nuevos vigilantes del entorno.

Desde la CSIF se apuntó que el actual alcalde ha continuado con esta "política de contratación arbitraria" ya que se está "engañando a los ciudadanos" al crear una nueva figura pública que, según el TSJA, no puede desempeñar determinadas funciones que sólo deben ser competencia de la Policía Local como las diligencias de prevención o la intervención en actos delictivos.

Al contrario de lo que pretende el actual equipo de Gobierno, el Alto Tribunal estima que los actuales educadores del entorno no están autorizados a realizar tareas del personal sujeto al estatuto funcionarial. Sin embargo, "haciendo caso omiso" de la sentencia judicial, el alcalde, Antonio Castillo, ha seguido prorrogando los contratos de estos vigilantes sin ejecutar la orden del TSJA.

Según el sindicato, el alcalde también ha incumplido su promesa para ampliar gradualmente la plantilla de la Policía Local, que entre 2008 y 2010 debería haber aumentado en 15 plazas. ante los que califica de "atropello", CSI-F considera que las limitaciones presupuestarias no son ninguna excusa.

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