Una cuarta parte de los procesos sancionadores graves a firmas de seguridad caducan por los plazos

Pontevedra se halla en el «top-ten» de provincias
con mayor cifra de prescripciones
Autor:López Penidevar d = new Date(1268521200000);Fecha de publicación:
document.write(d.getDate() + "/" + (parseInt(d.getMonth())+1) + "/" + d.getFullYear());14/3/2010

Aproximadamente una cuarta parte de los procedimientos sancionadores
incoados en Pontevedra a empresas y personal de seguridad privada por
parte de la Subdelegación del Gobierno, y que fueron tipificados como
infracciones graves o muy graves, caducan «por haber excedido el plazo
de finalización del procedimiento», según datos oficiales del Gobierno.
Así, los expedientes incoados en el 2008 fueron de 52 por faltas graves y
una treintena por muy graves, de los cuales 22 terminaron
prescribiendo.

Lo cierto es que las cifras de las Rías Baixas son elevadas y así lo
reconocen desde la propia Administración central. Tras aclarar que la
mayor cifra de expedientes caducados se registran en Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra se sitúa empatada con
Sevilla como la novena provincia donde se produce con mayor frecuencia
esta situación.

Es por ello que desde el Ministerio del Interior considera a las Rías
Baixas como una de las «zonas geográficas que han de ser reseñadas
igualmente por el número significativo de expedientes caducados en
relación con el resto de España».

Lo cierto es que los datos de Pontevedra contrastan negativamente con
los que se contabilizaron en el 2008 en las restantes provincias
gallegas, si bien porcentualmente las Rías Baixas ofrecen mejores
guarismos que algunas de las otras tres regiones gallegas. Sin ir más
lejos, en A Coruña prescribieron media docena de los 32 expedientes
incoados, mientras que en Ourense siguieron esta misma pauta dos de los
siete tramitados. En Lugo, solo se tuvo constancia de la caducidad de un
procedimiento cuando se incoaron una decena a lo largo de ese año.

[b]Las causas

[/b]En cuanto a las causas que explican la apertura de estos procesos
administrativos por parte de la Subdelegación del Gobierno, desde el
Ministerio del Interior se apuntó que una buena parte de estos 82
expedientes estuvieron relacionados con algún tipo de falsa alarma, en
33 casos, y con episodios de intrusismo profesional, en otros veintiséis
supuestos. Así, los restantes veintitrés procedimientos aparecen
desglosados bajo la categoría de otros.

En cuanto al 2009, a mediados del mes de diciembre, la Subdelegación
había tramitado ya 69 expedientes de infracción derivados de más de un
millar de inspecciones realizadas durante esos doce meses. Ya por aquel
entonces, Delfín Fernández precisó que se había observado un incremento
de las sanciones graves y de las muy graves frente a las conductas más
leves y que, por tanto, conllevan una sanción económica menor.

Dado los plazos con los que se juega con la tramitación de los
expedientes, a priori, aún no se podría determinar si el pasado año
seguirá la tónica del 2008 o, si por el contrario, se mejorará la ratio.
No hay que olvidar que, en la provincia, coexisten algo más de medio
centenar de empresas de seguridad debidamente acreditadas que emplean a
más de 1.100 personas, entre personal propiamente de vigilancia,
detectives, directores de seguridad...

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/galicia/index.htm

Y eso lleva así muchos años. Tendremos que estudiar que medidas se pueden tomar para atajar estas cosas. Es jodido porque se trata de luchar contra la administración y sus funcionarios, pero habrá que buscar la forma. Desde luego una tasa de prescripciones así es altamente sospechosa. Y es posible que determinadas empresas tengan la suerte de que sus expediéntes pasen al último lugar en el montón, terminando por prescribir.

Se le tendrá que hacer un cuidado seguimiento a cada infracción sancionada.

Efectivamente el seguimiento debe de ser constante, para evitar casos de este tipo, que luego con untar la empresa a la administración, se pasan las denuncias por el forro.
HE DICHO.

Es lo que tiene el alto mando y máximos responsables de estas negligencias que están superprotegidos y nadie les denuncia por negligencias y negación de funciones, de vergüenza.

Lamentablemente estamos a merce de la abministracion judicial , el poder judicial es eso poder para los mas poderosos y nunca para los mas necesitados .

La justicia es la conveniencia del mas fuerte, siempre ha sido así y siempre lo será.