Ayuntamiento y vecinos abordan cómo regular la seguridad en espacios privados

bilbao

Casos como el de Zabalburu y
Galerías Isalo abren un debate sobre la responsabilidad de las
comunidades y el papel de la Policía

Zabalburu. Los residentes de seis
portales pagan a dos vigilantes de seguridad desde hace años para que
vigilen los accesos.

Galerías Isalo. Vecinos y comerciantes
se quejan de las molestias que genera una discoteca.

Saralegi. Gobierno vasco y Ayuntamiento
subvencionaban la seguridad privada en un portal.

Galerías Urquijo. Tuvieron vigilancia
privada. Los vecinos colocaron un parapeto en el portal para que no se
colaran intrusos.

La Policía local actúa de «mediadora» y levanta actas que
pueden ser utilizadas en tribunales

«¿Hay que poner Policía Municipal o Ertzaintza a vigilar
un centro comercial? Pasa mucha gente y se cometen delitos, pero todo el
mundo entendemos que es un espacio privado. Pues lo mismo, por ejemplo,
con la calle Nicolás Alcorta o la galería inferior de Zabalburu». El
concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Eduardo
Maiz, muestra así la postura del Consistorio en el debate abierto sobre
la responsabilidad de la seguridad en las comunidades de propietarios.
Por ejemplo, los vecinos de seis portales de las torres
de Zabalburu llevan años contratando a vigilantes privados para que
protejan sus accesos. Se quejan de que, desde que se reformó la plaza,
los problemas de inseguridad se han incrementado. El enclave se sitúa
cerca del barrio de San Francisco y es paso obligado hacia un comedor
social. Según José Ángel Lete, presidente de la asociación que engloba a
las comunidades de propietarios de las torres de Zabalburu, en lugar de
contribuir a mejorar la imagen de la zona, «al final lo está usando la
gente que no trabaja, los marginados, los delincuentes...», que se
apostan en el parque infantil.
«No tenemos datos que justifiquen que haya un aumento de
los delitos en la zona», contrapone Maiz. Mientras los vecinos aseguran
que se registran tirones de bolsos y otros robos, la Policía Municipal
no ha registrado «una incidencia especial» de denuncias. «Zabalburu
siempre ha sido una plaza de tránsito, de todo tipo de ciudadanos, de
todos los colores y razas y de todas las escalas sociales. Todo el mundo
tiene derecho a utilizar los espacios públicos», advierte Maiz.

Cerrar con verjas

Así se lo transmitió el concejal a los vecinos en la
reunión que mantuvieron el pasado 3 de diciembre. En la plaza se sitúa
un puesto de atención de denuncias de la Ertzaintza, recuerda Maiz. Como
solución, les propuso que el puesto fijo de una patrulla en la cercana
calle General Salazar desplace sus patrullas también hacia la plaza.
«La gente nos pide que intervengamos, pero los conflictos
privados se resuelven en el ámbito civil», argumenta el edil de
Seguridad Ciudadana. «Pueden cerrar el paso con verjas y no podríamos
hacer nada, salvo concederles el permiso de obra». La Policía
intervendría si se cometiese un delito o para levantar acta, por
ejemplo, en un conflicto por ruidos.
Zabalburu es el caso más llamativo, ya que los vecinos
llevan años pagando 180 euros por hogar para sufragar la contratación de
vigilantes privados, que a veces se acompañan de perros, para sentirse
más seguros. Pero no es el único. En las Galerías Isalo se produce un
episodio similar. El subterráneo está jalonado por comercios, da acceso a
portales de vecinos y se ubica también una discoteca. En los últimos
tiempos, las fiestas para jóvenes que organiza el local han generado
molestias a vecinos y comerciantes, que han acudido a quejarse al
Ayuntamiento.
Al tratarse también de un terreno de propiedad privada,
el Consistorio se limita a actuar de «intermediario» y a recomendar a
las partes que lleguen a un «acuerdo». Desde el área de Seguridad
Ciudadana aconsejaron al hostelero que evitara las colas que se forman
en la entrada de la sala mediante la distribución de tiques por
Internet. Pero los problemas de limpieza persisten. En ese caso, la
guardia urbana envía una patrulla para que redacte un informe sobre lo
que ocurre después. A requerimiento del juzgado, los afectados pueden
utilizarlo en los tribunales. Entonces, «será el juez el que decida
quién tiene razón».
Maiz no cree que la contratación de seguridad privada
pueda generalizarse entre las comunidades de vecinos. Los casos son
contados. En la calle Saralegi, por ejemplo, los vecinos consiguieron
que el Ayuntamiento y el Gobierno vasco les subvencionaran vigilancia
privada en el portal, escenario de reyertas, consumo de drogas y otros
serios problemas. En Galerías Urquijo, vecinos y hosteleros acordaron
recurrir a vigilantes de seguridad y limpieza extra para evitar el
descontrol, especialmente los fines de semana. El portal ubicado en el
paso colocó hasta un parapeto arquitectónico.

Dónde hay un marronazo que ni administración ni nadie sabe poner remedio, ahí aparece la seguridad privada para comerselo a palo seco, sin protección jurídica, dotación suficiente, etc y luego se quejan si no somos supermanes.....