REPORTAJE: Vida & Artes 'Cama caliente' en prisión para el carterista

La reclusión de fin de semana frena la impunidad del hurto y genera
recelos jurídicos - Las cárceles ya están llenas - La imprevisión
impide aplicar otras medidas no penitenciarias ya existentes




PERE RÍOS 01/05/2010

La relativa impunidad con la que actúan los carteristas en las grandes
ciudades tiene fecha de caducidad. La reforma del Código Penal que
aprobó anteayer el Congreso permitirá a los jueces enviar a la cárcel
los fines de semana o los días festivos a los ladrones de poca monta que
se ceban con los turistas y con los ciudadanos descuidados. Además, se
crea un registro para las penas que se impongan por esos hurtos, que
tienen la consideración jurídica de faltas, y se endurece la ley si se
trata de bandas organizadas o se utilizan menores de 14 años para
delinquir.La mayoría de los partidos -sólo siete diputados votaron en contra de
la reforma- y buena parte de la sociedad aplaude la medida, algo que
siempre sucede cuando de lo que se trata es de endurecer la ley penal,
ya sea contra violadores, homicidas, terroristas o menores que cometen
crímenes horrendos. Es el llamado populismo punitivo del que
hablan algunos juristas, los mismos que recuerdan que siempre se castiga
más a los más desfavorecidos y que los llamados delitos de cuello
blanco siguen sin tener la sanción que merecerían. Dicho de un solo
trazo, es el eterno debate de si el Código Penal está hecho sólo para
los pobres y el Código Civil queda reservado para los que no lo son."Si
el Derecho Penal ha de actuar frente a las conductas que causan un daño
social más grave no tiene sentido que se centre en los pequeños hurtos y
en los rateros. Al final acaba siendo el Derecho Penal de los más
desfavorecidos", asegura José Manuel Díez Ripollés, catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto
Andaluz de Criminología. En su opinión, nada justifica el endurecimiento
de la ley con los delincuentes multirreincidentes porque España tiene
la tasa de encarcelamiento más alta de la Unión Europea y uno de los
índices de criminalidad más bajos. "La forma de invertir esa tendencia
es imponer penas alternativas a la cárcel. Se ha ido a la solución más
fácil, que no es precisamente la mejor", explica.La inmensa
mayoría de los robos que cometen los carteristas son hurtos, y se
consideran faltas cuando el importe de lo sustraído no supera 400 euros y
cuando no existe violencia, intimidación, ni amenazas contra la
víctima. Es lo que ocurre a diario en centenares de ocasiones en las
grandes ciudades españolas, especialmente en las zonas turísticas o de
gran aglomeración de personas, como sucede en los transportes públicos a
las horas punta.Tras la reforma del año 2003, el artículo 623
del Código Penal castigó los hurtos con la denominada pena de
"localización permanente" de 4 a 12 días, un sucedáneo de los antiguos
arrestos de fin de semana del código derogado. En la práctica, apenas se
ha aplicado esa medida, y se ha optado por la alternativa de la multa
que prevé el mismo artículo, básicamente porque la mayoría de esos
ladrones no tiene domicilio conocido y así es muy difícil que estén
localizables.La misma reforma de 2003 estableció que cuatro
hurtos cometidos y sentenciados en el plazo de un año tuviesen la
consideración de delito y, por tanto, el juez podía condenar al acusado a
penas de entre 6 y 18 meses de cárcel. Pero también quedó en papel
mojado porque, una vez más, los legisladores no pensaron en que, aparte
de cambiar la ley, hay que poner los medios para que pueda cumplirse,
algo que no siempre ha ocurrido en España con los interminables cambios
que ha sufrido el Código Penal en los últimos años. Tampoco parece que
se haya aprendido de la experiencia en esta ocasión.Un portavoz
de Instituciones Penitenciarias explica que no se ha realizado ninguna
estimación sobre el impacto que puede tener la medida en las prisiones
españolas, y no se sabe si esas penas de localización se cumplirán en
centros abiertos. Durante el debate parlamentario se argumentó que no
habría problemas de plazas y que los carteristas ocuparían las celdas de
los presos que saliesen de permiso, pero los responsables de las
prisiones no lo ven tan claro. "Lo que se ha anunciado altera los
principios del sistema penitenciario. Las cárceles no están para acabar
implantando un sistema de camas calientes ni tampoco son hoteles
en los que los fines de semana se van unos clientes y entran otros",
asegura el mismo portavoz.Si hasta ahora los hurtos de los
carteristas apenas se han castigado es porque el Registro Central de
Penados y Rebeldes sólo recoge las condenas firmes por delito, pero no
las faltas. Eso explica la paradoja de que algunos multirreincidentes
acumulen decenas de detenciones y sean muy conocidos para la policía,
aunque a la justicia no les consten esos antecedentes. Y la consecuencia
de todo ello es que el detenido acaba en libertad ante la levedad del
delito cometido si se considera de manera aislada.Para que la
reforma no quede otra vez en papel mojado, el Gobierno, en colaboración
con las comunidades autónomas que tienen competencias en justicia, se ha
comprometido a crear en el plazo de un año un registro de faltas para
que los jueces conozcan los antecedentes por hurto. Barcelona será la
primera ciudad española que estrene el registro de faltas antes del
verano, según ha anunciado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
lo que ha sido recibido con gran satisfacción por el Ayuntamiento de la
capital catalana.Y es que si en alguna ciudad española hacen
estragos los carteristas, esa es Barcelona, y basta pasearse por las
paradas del metro más turísticas para comprobar el despliegue de
vigilantes de seguridad y las continuas advertencias en varios idiomas
que se hace a los turistas por megafonía. Y si alguna institución viene
reclamando mano dura contra los carteristas es el Ayuntamiento de
Barcelona, con alcalde socialista, aunque finalmente, y por esos caminos
inescrutables de la política, quien parece que se ha apuntado el tanto
político por el endurecimiento del Código Penal es el grupo
parlamentario de CiU.Para Assumpta Escarp, concejal de Seguridad
del Ayuntamiento de Barcelona, lo importante es que se haya cambiado la
ley y que habrá instrumentos legales para combatir a los carteristas.
"Es un problema que había que abordar porque afecta a la imagen de
Barcelona y de otras grandes ciudades, y que no se soluciona sólo con
más policía", explica.El 44% de las detenciones de carteristas
reincidentes las realiza la Policía Local de Barcelona "y yo no puedo
mantener ese grado de frustración policial", dice Escarp para referirse a
que el trabajo de los agentes que están bajo sus órdenes sirve de muy
poco porque los carteristas que detienen quedan en libertad
prácticamente siempre. "Si una persona que acumula 40 detenciones sigue
libre es que algo no funciona y porque el Código Penal tiene márgenes
que provocan desamparo a la sociedad", añade la edil de Barcelona. Según
Escarp, el endurecimiento de la ley "no es la panacea de nada, pero
algo habrá que hacer. Por eso, el ingreso en prisión los fines de semana
me parece una buena medida si va acompañada de otras". En el primer
trimestre de este año, la policía local y los Mossos d'Esquadra han
realizado 4.500 detenciones en Barcelona, de las que 1.200 de ellas
fueron de reincidentes. En 6 de cada 10 arrestos los carteristas fueron
sorprendidos en flagrante."La creación del registro de faltas es
una gran noticia, pero ha de hacerse de forma fiable y segura para que
sea una herramienta útil con la que podamos trabajar mejor", explica el
magistrado Xavier Paulí, con más de 20 años de experiencia en la
jurisdicción penal. "Hay que invertir dinero para que el registro sea
eficaz, porque al margen de introducir los datos con las condenas, ha de
avisar cuando se acumulen las faltas y ya sean delito. En los juzgados
de violencia sobre la mujer se hizo algo similar que cada vez funciona
mejor", añade el juez.Con la reforma aprobada la semana pasada
bastará con que el carterista acumule tres detenciones por hurto y no
cuatro, como sucede ahora, para que se considere delito. Además, resulta
indiferente que se le haya juzgado o esté pendiente de juicio. La
localización permanente, además, podrá durar hasta seis meses, y obliga
al penado a permanecer en su domicilio o en el lugar que determine el
juez en sentencia, algo que tampoco sucede en la actualidad. Pero la
novedad más importante es que el juez podrá acordar que esa localización
permanente "se cumpla los sábados, domingos y los días festivos en el
centro penitenciario más próximo al domicilio del penado", cuando sea la
pena principal y exista reiteración. Es decir, que los carteristas
podrían estar fuera de circulación esos días y eso podría tener un
efecto disuasorio sobre ellos a la hora de volver a reincidir.
Instituciones Penitenciarias, sin embargo, duda del efecto disuasorio
que pueda tener la cárcel en esos casos.Las cifras de 2009 que
presentó hace poco más de un mes el ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, arrojan una tasa de criminalidad de 45,8 delitos y faltas
por cada mil habitantes, considerando el conjunto de la población
española, excepto el País Vasco y Cataluña, donde las policías
autonómicas son las encargadas de la seguridad ciudadana. La tasa media
en la Unión Europea es de 69,1 infracciones penales por mil habitantes.
Por detrás de España sólo se sitúan Grecia (38,7) y Portugal (37,7).
Suecia sigue siendo el país con el índice más elevado, con 120,6
infracciones penales, una realidad con la que convive hace décadas
aquella sociedad, que no se plantea por ello renunciar a su manera de
ser y relacionarse en pos de la seguridad ciudadana.La misma
estadística de 2009 del Ministerio del Interior constata que las faltas
de hurtos también se redujeron el año pasado (495.146), muy lejos de las
604.240 del año 2005. Entonces se producían 15,1 faltas de hurto por
cada mil habitantes, y el año pasado se redujeron a 12,8."La
reforma que se ha aprobado está hecha a la medida de Barcelona, que
quiere quitar de la calle a las pesonas que molestan y que afean esa y
otras ciudades españolas", insiste el catedrático José Luis Díez
Ripollés. "Hace años que somos conscientes de que tenemos un problema y
no hemos parado de buscar fórmulas para afrontarlo, con el Ministerio de
Justicia, la Generalitat y la Fiscalía. Seguiremos trabajando caso por
caso para que, si hace falta, se expulse al delincuente de España",
insiste la concejal Assumpta Escarp.La colaboración institucional
ha dado sus frutos hace unas semanas, y los seis carteristas más
activos de la capital catalana, que sumaban 240 detenciones, han acabado
en la cárcel tras un seguimiento de la policía, que acreditó que vivían
de la delincuencia. Con esas pruebas, el fiscal solicitó la cárcel para
los ladrones, y ahí acabaron.Emilio Sánchez Ulled, presidente de
la Unión Progresista de Fiscales, apoya con matices la reforma. "El
endurecimiento de la respuesta penal a los pequeños hurtos cuando son
reiterados, y con la previsión de los grupos organizados para
cometerlos, resulta razonable dada la dimensión que ha alcanzado el
fenómeno en la actualidad. Cosa distinta es el debate puramente técnico
acerca de la calidad de los artículos en proyecto, que es discutible",
asegura.Otra reforma que se ha introducido en la tramitación
parlamentaria del Código Penal es la consideración de "grupo criminal"
cuando los carteristas sean reincidentes. En esos casos el juez les
podrá condenar, además de a la pena de localización permanente en la
cárcel durante los fines de semana, a otra condena de entre tres meses y
un año. Para apreciar que se trata de delincuencia organizada, han de
existir tres o más personas "para realizar de forma permanente o
reiterada" unas determinadas conductas, entre las que se incluyen los
hurtos. Otro añadido al artículo 235 del Código Penal que se ha aprobado
es que el hurto se pueda castigar con la pena de cárcel de uno a tres
años cuando se utilicen a menores de 14 años para delinquir, algo que
sucede en algunas ocasiones por los carteristas a sabiendas de que esos
niños son inimputables.La concejal Escarp admite que el Código
Penal es duro, pero insiste en que no se trata sólo de meter a los
carteristas en prisión, sino de aplicar otras medidas legales para
disuadirlos y hasta expulsarlos de España."Ese concepto
extremadamente expansivo del grupo criminal no va hacer otra cosa que
llenar todavía más las cárceles. La misma severidad no existe para
castigar otros delitos que causan mucha alarma social, como los delitos
urbanísticos o los de corrupción", explica Díez Ripollés. El fiscal
coincide con él. "No deja de resultar llamativa la facilidad y
naturalidad con que se endurece la respuesta penal a las infracciones
propias de la marginalidad, que contrasta vivamente con el tradicional
desinterés cuando se trata de mejorar, ya ni siquiera endurecer, la
regulación de los delitos de cuello blanco", afirma Emilio Sánchez
Ulled.
Fuente: http://www.elpais.com/diario/sociedad/

Le voy a dar un puntito de humor, , esos días que pasen entre rejas, saben que estarán bien atendidos, se lo tomarán como asuntos propios,

el fin de semana de descanso en el talego y el lunes a por mas carteras